25N, MANIFIESTO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

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El próximo 28 de diciembre se cumplirán diez años de la aprobación por el Pleno del Congreso de los Diputados de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. La popularmente conocida como Ley Integral ha supuesto un revulsivo respecto a la violencia de género en todos sus aspectos y se ha consolidado como modelo internacional de referencia.

De hecho, el pasado 15 de octubre, España recibió en Ginebra una de las menciones de honor del Premio de Políticas de Futuro que ONU Mujeres, World Future Council y la Unión Interparlamentaria conceden a las mejores leyes y políticas contra la violencia ejercida contra las mujeres y las niñas. Las tres instituciones han considerado que la Ley Integral es una de las normas más eficaces para combatir y erradicar la violencia sexista. Una violencia que, así la califican, es una de las formas más generalizadas de abuso sistemático contra los derechos humanos.

La norma, impulsada por un Gobierno del PSOE, supuso una apuesta inequívoca por la lucha contra la violencia ejercida contra las mujeres y por la defensa decidida de la ciudadanía en situaciones de máxima vulnerabilidad. Además, le dio un tratamiento global con tres objetivos claros:

  •   Prevenir la violencia y apoyar y proteger a las víctimas y a sus hijos e hijas menores.
  •   Perseguir a los agresores.
  •   Y sensibilizar a la sociedad española de la necesidad de combatir estalacra, dejando atrás siglos de opresión y de silencio cómplice.

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El balance de las medidas ya aplicadas demuestra la necesidad de mantener un amplio consenso social y político, así como de profundizar en el desarrollo de esta Ley y de avanzar en la lucha contra las nuevas manifestaciones de violencia ejercidas a través de las TIC y las redes sociales. Por otro lado, sus diez años de andadura han servido para desmontar algunos prejuicios de los detractores de la lucha contra la violencia machista. Este es el caso de las llamadas ‘denuncias falsas’ que, según la Fiscalía General del Estado, solo representan el 0,018%, una cifra lo “suficientemente elocuente” para zanjar este adulterado debate.

Sin embargo, las mujeres continúan sufriendo violencia -física, psicológica, sexual o económica- y el número de asesinatos, lejos de disminuir, aumenta. Solo durante el mes de agosto, ocho mujeres -dos de ellas, andaluzas- fueron asesinadas por sus parejas o ex parejas, la cifra más elevada de los últimos cuatro años. Durante todo 2014, 42 mujeres -10 en Andalucía- han sido asesinadas por el simple hecho de ser mujeres. La violencia machista ha convertido en huérfanos a 24 niños y niñas (cuatro de ellos en nuestra tierra) y se ha cobrado como víctima mortal a otro menor.

Frente a esta cruda realidad, y en vez de dar el paso definitivo para sellar un Pacto de Estado contra la Violencia de Género, el Gobierno del PP amenaza la efectividad de la Ley Integral e impulsa continuos recortes presupuestarios en materia de igualdad (un 33% en esta Legislatura) y de violencia de género (un 22%). Esto sin olvidar las sucesivas reformas legislativas de calado ideológico que atentan contra su espíritu.

Con la Ley Wert y la eliminación de la asignatura de Educación para la Ciudadanía, cuyo currículo incluía de forma transversal la educación en igualdad y la educación en la defensa de los derechos humanos, el PP elimina la mejor medicina contra la violencia de género: la prevención.

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Las mujeres y los hombres socialistas creemos en la educación como la principal herramienta para construir una sociedad de iguales, diversa y respetuosa. Por eso, Andalucía no ha eliminado ni cercenado esta valiosa asignatura y por eso, no sostenemos con fondos públicos los colegios e institutos que tienen en su ideario la segregación de sexos.

Por su parte, la Ley de Reforma Local, impuesta por el Gobierno central, hurta a los ayuntamientos las competencias en materia de igualdad y violencia de género. De esta manera, aleja los servicios públicos de atención de las mujeres y suprime su labor de detección, denuncia y apoyo específico.

Mientras la derecha desprotege a las mujeres y las víctimas del ámbito local y rural, el Gobierno andaluz apuesta por reforzar la acción de los 166 Centros Municipales de Información de la Mujer, fruto de la colaboración entre los ayuntamientos y el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM). Las y los socialistas andaluces ni damos pasos atrás en la construcción de nuestra democracia, ni legislamos en contra de la igualdad. Ni vamos a diluir el objetivo prioritario y estratégico del IAM bajo otros apellidos, tal y como ha hecho el PP con el instituto nacional, ni vamos a ser cómplices del cierre de la red de centros.

En este frenético empeño de legislar contra las mujeres y relegar la lucha contra esta violencia, el PP ha impulsado un proyecto de reforma del Código Penal que elimina completamente el concepto violencia de género de su articulado y choca no solo con el articulado de la Ley Integral, sino de los tratados internacionales. Una escalada de desprotección y desamparo a la que pretenden sumar el Proyecto de Ley del Estatuto de la Víctima o la anunciada Ley de Custodia Compartida impuesta.

El Gobierno del PP está poniendo a la sociedad española en una encrucijada muy peligrosa al atacar los cimientos ideológicos, legales y simbólicos de la lucha contra la violencia de género y la desigualdad entre hombres y mujeres.

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La Ley Integral está amenazada por la irresponsabilidad de un Gobierno que ha hecho desaparecer el principio transversal de igualdad de su discurso y de los Presupuestos Generales del Estado, que ejercicio tras ejercicio mantienen en números rojos las partidas destinadas a atacar las raíces de esta lacra social.

Por todas estas razones, las y los socialistas no vamos a bajar la guardia. Vamos a redoblar esfuerzos y seguir trabajando para que la eliminación de la violencia ejercida contra mujeres y niñas sea uno de los ejes de la agenda política. Y vamos a exigir que se restituya el sistema de protección a víctimas, que se restituyan todos y cada uno de los recursos y medidas desmanteladas por el PP.

Conscientes y comprometidos con lo que consideramos un problema de Estado, el PSOE de Andalucía ha impulsado un grupo de trabajo en el seno del Parlamento para seguir profundizando en la erradicación de esta gran lacra social y mejorar las dos leyes andaluzas aprobadas en 2007 de igualdad de género y contra la violencia de género. Ni cejamos en la lucha ni renunciamos a aplicar la perspectiva de género en todas nuestras políticas. Es nuestro compromiso.

Cuando en 1999, la ONU designó el 25 de noviembre como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, invitó a gobiernos, organizaciones internacionales y ONG a trabajar sin descanso en la sensibilización de la ciudadanía. Una invitación que el PSOE ha hecho suya porque creemos en la igualdad como brújula de nuestra acción política y de gobierno. Ante cualquier tipo de violencia contra las mujeres y niñas, tolerancia cero. Ante el recorte de derechos de la mitad de población, tolerancia cero. Sobrevivir a la violencia de género no puede ser un objetivo individual de las víctimas, debe ser el objetivo colectivo de una sociedad progresista y democrática.

25 de noviembre de 2014

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